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jueves, 27 de noviembre de 2008
Tensión en Putumayo por pirámides
 Mientras el fiscal general Mario Iguarán planteó la posibilidad de suspender la investigación en contra de David Murcia Guzmán si éste cumple con tres condiciones, el procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, calificó esa alternativa como un "imposible".
Las condiciones que impondría la Justicia tienen que ver con la entrega, por parte de Murcia Guzmán, de información sobre las personas que lavaron activos en su organización, con la devolución de todo el dinero a sus ahorradores y de su compromiso a no volver a incurrir en ese delito.
Iguarán Arana explicó que la decisión de estudiar la eventualidad de otorgar beneficios penales al cerebro de DMG se tomó porque para la Fiscalía es muy importante la reparación a las víctimas de la firma.
Sin embargo, Maya descalificó esta iniciativa "porque el fiscal, de manera contundente, ha puesto un condicionamiento que en una persona que ha tenido una trayectoria de estafa masiva a la sociedad colombiana, con un claro propósito de blanqueo de dinero, no se cumple".
Este no es el único "tire y afloje" que DMG ha causado en la política: ayer durante el Congreso Cafetero en Bogotá, el presidente Álvaro Uribe respondió a las fuertes acusaciones a la política de confianza inversionista que lanzaron el martes en el Congreso los senadores Gustavo Petro y Cecilia López, después de pedirle sus declaraciones de renta y de hacer señalamientos sobre la presunta participación de su familia en las pirámides.
Según el Presidente, los señalamientos de la oposición se basan en un "problema de rabia" contra su mandato, "en lugar de señalar a los delincuentes. Lo que pide el Gobierno es que los congresistas deben dar ejemplo y enfilar las baterías ante esos criminales".
Frente a la demora para solucionar el problema de las pirámides, también criticado por esos parlamentarios, Uribe afirmó que "me duele políticamente que no se procediera con más rapidez. Me duele porque no he sido retardado para tomar decisiones. He procurado actuar rápido y poner el interés general por encima de todo".
Oleada de reacciones
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que el Gobierno prepara un plan de acción social y económica para atender la crisis de las regiones donde operaban las "empresas criminales" que captaban ilegalmente ahorros del público.
Valencia Cossio advirtió que el Gobierno es consciente de que "no se va recuperar todo el dinero y de que no será con el presupuesto nacional como se va a resolver este problema".
Entre las nuevas medidas que anunció el Gobierno para ayudar en materia social y económica a las regiones afectadas por las pirámides, se encuentra la política para acelerar el proceso de bancarización en todo el país. En este sentido, se adoptarán medidas especiales que permitan la existencia de servicios financieros de bajo costo para los segmentos más pobres de la población.
Otra de las medidas es la garantía por parte de la Policía y de la Superintendencia de Sociedades, de la seguridad de aquellos directivos que quieran colaborar con las autoridades en la entrega de los dineros captados del público.
Mientras tanto, Carlos Alfredo Suárez, gerente de DRFE, le pidió al presidente Uribe a través de un comunicado de prensa, que reverse el acto administrativo en el cual ordenó la intervención de las oficinas de DRFE en todo el país, ya que del Primer Mandatario y de la calma de los inversionistas, depende la devolución de las inversiones.
La Conferencia Episcopal también expresó su posición en el tema de las empresas captadoras de dinero: "acompañamos a todas las personas que han perdido sus bienes y ahorros, comprendemos su dolor y angustia y los invitamos a buscar, con valentía pero con prudencia y respeto a la ley, la restitución de sus haberes. Estos hechos muestran la situación de enfermedad moral que vive nuestra patria".
En los últimos cinco días, la Policía ha sellado 234 agencias captadoras ilegales de dineros y ha puesto a disposición de la Fiscalía General a 32 personas.
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo que la Policía seguirá avanzando en la lucha contra el delito y le pidió al país no dejarse seducir por "cantos de sirena" para evitar estafas.Los disturbios en Mocoa y el posterior decreto de toque de queda no solo estaban latentes sino que, en palabras de sus mismos habitantes, se estaban demorando.
Lo sucedido ayer en la capital de Putumayo fue una reacción en cadena provocada por cientos de inconformes azuzados por foráneos que se tomaron las sedes de Proyecciones DRFE, con el fin de lograr por las vías de hecho lo que esta empresa y el Gobierno no han resuelto: la falta de dinero que comienza a vivir todo el departamento.
La vía que conduce de Mocoa hacia Pitalito, Huila, fue cerrada por casi 2.000 personas que luego saquearon y quemaron las instalaciones de la captadora de dinero. Allí comenzó la asonada que alcanzó a tocar algunas partes del centro de la ciudad.
"La situación sigue muy complicada porque hemos notado que los saqueos y que los desmanes en la ciudad fueron incitados por unos infiltrados, cuyo fin era robar negocios", le comentó a EL COLOMBIANO el alcalde encargado de Mocoa, John Molina.
Al parecer, los vándalos iban con lista en mano atacando, robando e incendiando las viviendas de aquellos que trabajaban en DRFE.
Una de las mayores preocupaciones de los habitantes de Mocoa es que los disturbios continúen y se vayan desplazando desde la vía a Pitalito, hacia el centro, zona en donde existe el mayor número de establecimientos comerciales, dulces en bandeja para los saqueadores. En cambio, la sede de DMG permaneció intacta.Attorney General, Mario Iguarán, has said that the investigation against David Murcia could be suspended if Murcia provides information about those involved with DMG's money laundering activities. On the other hand Inspector General, Edgardo José Maya Villazón, says that this outcome is impossible.
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